Las empresas que emplean a 50 o más trabajadores deben establecer para medidas para fomentar y reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres dando así cumplimiento al principio de a igual trabajo igual salario, contemplado en la Ley nº 60/2018, de 21 de agosto.

En el primer semestre de cada año, la Oficina de Estrategia y Planificación («GEP»), a partir de la información facilitada por las empresas en el Informe Único, elabora y pone a disposición información estadística sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres, identificando las principales diferencias detectadas por sector de actividad, ocupación y niveles de cualificación («Balance Estadístico»).

Esta información se envía a la Autoridad de las Condiciones de Trabajo («ACT») para que pueda intervenir en consecuencia, si es necesario.

A principios de 2025, la ACT empezó a notificar por correo electrónico a las empresas para que presentaran, en un plazo de 120 días, un plan de evaluación de las diferencias salariales de todos los trabajadores que figuran en el Balance Estadístico elaborado por la GEP. Esta notificación es consecuencia de la detección en el Balance Estadístico de diferencias retributivas entre hombres y mujeres que -a juicio de la ACT- no deberían existir.

Sin perjuicio de que las empresas puedan aportar distintas aclaraciones a los resultados contenidos en el Balance Estadístico (señalando, en particular, las limitaciones de cumplimentación del Informe Único en cuanto al listado de profesiones puesto a disposición, que muchas veces no refleja la realidad de las empresas), es importante considerar que el plan debe basarse en la valoración de los componentes de las funciones, a partir de criterios objetivos, comunes a mujeres y hombres para excluir cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo, presumiéndose discriminatorias las diferencias retributivas no justificadas por los empresarios.

No presentar el plan de evaluación, así como no aplicarlo y/o no comunicar los resultados de su aplicación a la ACT, constituye una infracción grave y puede dar lugar a una multa.
El de – Sucursal em Portugal cuenta con abogados laboralistas cualificados que pueden asesorar jurídicamente a las empresas en la elaboración del plan de evaluación de la brecha salarial, así como proporcionar aclaraciones a la ACT sobre las divergencias salariales detectadas.